miércoles, 25 de enero de 2012

El desprecio político al funcionariado

 Francisco J. Bastida Catedrático de Derecho Constitucional escribe el siguiente artículo, publicado en http://www.lne.es/opinion/2012/01/15/desprecio-politico-funcionariado/1184310.html, para poner en evidencia el desprecio de los políticos hacia el empleado/a público.

"Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta."

martes, 24 de enero de 2012

jueves, 19 de enero de 2012

Reunión sobre la aplicación de los recortes

Tal y como os informamos el pasado día 16, desde UGT se solicitó por escrito reunión con la Dirección del Área del Empleado/a Público al objeto de obtener información sobre la adopción de las medidas que estaban tomando con respecto a la aplicación del RDL 20/2011 de medidas de reducción del déficit público.
Como respuesta al mismo se ha celebrado en el día de hoy reunión conjunta entre la empresa y los sindicatos en el que nos han hecho saber las interpretaciones que realizan sobre la aplicación del mismo, que a modo de resumen han sido:
1.- En relación con la congelación salarial se van a mantener las retribuciones existentes para el 2011.
2.- En cuanto a las aportaciones al Plan de Pensiones han adoptado la medida de no realizar ninguna durante el año 2012, tanto en la parte que aportaba la empresa como la de los partícipes.
3.- Con respecto a las contrataciones temporales se ha informado que están estudiando la forma de realizar las estrictamente necesarias (Centros asistenciales, educativos, emergencias, programas y jubilaciones parciales) para casos excepcionales tal y como establece el Real Decreto, y no se va a proceder a realizar ninguna incorporación de nuevo personal.
4.- De igual se informa que se va a aplicar la nueva fiscalidad referente a las Retenciones del IRPF y las Cotizaciones a la Seguridad Social con respecto a la Base Máxima.
Ante esta información desde UGT queremos manifestar nuestra postura contraria en la aplicación de algunas de las cuestiones planteadas que entendemos que deberían ser motivo de acuerdo con la parte sindical.
De este modo entendemos que la decisión sobre las aportaciones al Plan de Pensiones por parte de la empresa deben de ser negociadas con los representantes legales de los empleados/as, dadas las peculiaridades diferenciales que tiene nuestro Plan con respecto al regulado por los Presupuestos Generales del Estado para los de la Administración del Estado y su origen de salario diferido.
También creemos que debemos establecer un marco de contratación temporal que permita continuar con la prestación de los servicios actuales de la Diputación y que para el establecimiento del mismo es necesario contar con las aportaciones que podamos realizar los sindicatos.
Dada la transcendencia de las medidas, en cuanto dispongamos de mas datos, os seguiremos informando.
Sevilla 19 de enero 2012

Aplicación de los recortes

Desde UGT se ha enviado un escrito a la Dirección del Área del Empleado/a Público en el que solicita que se convoque a una reunión a las Organizaciones Sindicales y Órganos de representación para que explique las decisiones adoptadas en la aplicación de determinados aspectos del RDL 20/2011 de 30 de diciembre (Decreto de Recortes) en la Diputación de Sevilla.
Hemos comprobado como se han tomado medidas que recortan nuestros derechos y no han tenido la mínima consideración de reunir previamente a los representantes legales de los empleados/as públicos.
Cuando dispongamos de mas datos, os seguiremos informando.
Sevilla, 16 de enero de 2012

miércoles, 11 de enero de 2012


 UGT Andalucía convoca a los trabajadores, a los parados, a las organizaciones sociales, a los movimientos ciudadanos, a todos aquellos y aquellas dispuestos a pelear, a no someterse, a no dejarse engañar, a las MANIFESTACIONES que celebraremos el próximo día 29 F, a las 20:00 de la tarde, en todas las capitales de provincia andaluzas, contra la política económica de recortes, de destrucción de derechos, laborales, sociales, y cívicos.

 La ministra utiliza a los parados jóvenes o de cualquier edad, como rehenes ante la sociedad, prometiendo empleo a cambio de derechos y salarios. Abaratar el despido, reducir salarios, imponer contrataciones basura, y salarios de ídem, mediante una nueva reforma laboral, no es otra cosa que aprovechar la angustia y necesidad de los parados, para imponer a todos las condiciones de trabajo que exige el capitalismo salvaje, mintiendo con el más absoluto descaro.

 Ni una medida contra la BANCA, al contrario más facilidades, menos medidas que el año anterior contra el FRAUDE FISCAL, los GRANDES PATRIMONIOS ni tocarlos, la ECONOMÍA SUMERGIDA ni mencionarla, el IMPUESTO DE SOCIEDADES una pantomima, pero eso si, hoy la ministra ha anunciado RIGUROSAS MEDIDAS CONTRA EL FRAUDE QUE COMETAN LOS PARADOS.

 La ministra de trabajo propone para "mejorar" el sistema de protección social y "crear" empleo: "revisar" el sistema de pensiones, "criminalizar" a los parados y la famosa reforma laboral. Está claro quienes son los responsables de la situación económica de este país, ¿no?, y desde luego más claro aún, para quien trabaja el gobierno.

SOLOS NO PODEMOS, JUNTOS LO LOGRAREMOS

lunes, 2 de enero de 2012

  MANIFESTACION 29 DE FEBRERO
¡BASTA YA! 
¡EXISTEN ALTERNATIVAS! 
¡POR EL EMPLEO Y LA JUSTICIA SOCIAL!

SEVILLA  29-feb  20:00 Desde Puerta de Jerez hasta Plaza Nueva.