Desbloqueadas las jubilaciones parciales

En la reunión de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo celebrada en el día de hoy 16 de febrero, y a petición de la parte social, ha quedado desbloqueado el tema de la Jubilación Parcial, comunicándonos el Área del Empleado Público que a partir de la próxima semana comenzarán a tramitarse las mismas.

¿LA GESTIÓN POLÍTICA DEL ÁREA DEL EMPLEADO/A PÚBLICO MÁS A LA DERECHA QUE EL PP?

 ¿Por qué nos hacemos esta pregunta?.

Alguien en la Diputación debe haber pensado que maltratando a sus propios trabajadores/as la sociedad lo va a premiar con su apoyo electoral. Se ha puesto de moda desprestigiar a los empleados públicos. Al que se le haya ocurrido debería tener en cuenta que la ciudadanía se rige por comportamientos más lógicos.

Y si desde un partido socialista se hacen políticas más propias de la derecha el electorado, cuando tiene que votar, se va al original y no a una mala copia.

¿Cómo es posible que un gobierno que se dice de izquierdas entre en competencia con la derecha para disminuir los derechos sociales de sus trabajadores/as?.

Desde el Área del Empleado/a público se pretende incumplir la jornada laboral pactada en el Convenio Colectivo y el Acuerdo de Funcionarios mediante un aumento de la misma con la excusa del mandato expreso del Real Decreto, cuando en el Ayuntamiento de Sevilla (PP), según declaraciones de su Delegada de Hacienda en prensa, no están ni estudiando la medida porque entiende que el mencionado Real Decreto no le obliga (opinión que compartimos).

Siguiendo en la misma línea de políticas antisociales, han suprimido unilateralmente la aportación que la empresa hacía al Plan de Pensiones, salario en especie cuyo origen se corresponde con un fondo que teníamos los trabajadores para economato (ECOVOL) y que por tanto debería de seguir pagándose en especie.

Y ya con más descaro, suspenden las jubilaciones parciales al hacer una interpretación restrictiva, siempre en contra de los trabajadores y sin ningún beneficio para la empresa, y para mas “inri” conociendo la Diputación que otras Administraciones Locales (casualmente el Ayuntamiento de Sevilla) lleva tramitadas varias desde que entró en vigor el Real Decreto y con los relevistas trabajando.

¿Que pretenden con estas políticas? ¿No hay asesores suficientes que le aconsejen que se están equivocando? Que esto no es ser progresista.

Por último y no menos importante pretenden desprestigiar a los sindicatos (actitud que siempre se ha achacado a la derecha), firmando acuerdos que no tienen voluntad de llevar a cabo, hablamos de la VPT, acuerdo incumplido en dos ocasiones y mucho nos tememos que pretendan volver a incumplir. Sra. Arciniega y Sra. Carmona no se puede negociar desde la mala fe y no pretendan burlarse de los representantes sindicales.

Desde UGT combatiremos con todas nuestras fuerzas estas medidas antisociales.

PRIMERA VALORACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 3/2012, DE 10 DE FEBRERO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL

Para ver el documento elaborado por la UGT pinchar aquí

El desprecio político al funcionariado

 Francisco J. Bastida Catedrático de Derecho Constitucional escribe el siguiente artículo, publicado en http://www.lne.es/opinion/2012/01/15/desprecio-politico-funcionariado/1184310.html, para poner en evidencia el desprecio de los políticos hacia el empleado/a público.

"Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta."